WASHINGTON
D.C., 14 de septiembre (C-FAM) Un panel de expertos advirtió a los legisladores
estadounidenses esta semana que el tratado de la ONU sobre las personas con discapacidad podría
amenazar los derechos de los padres y promover el derecho al aborto.
«Este tratado... permitiría a burócratas no elegidos que están en Suiza
determinar el significado de las palabras "discapacidad" y "salud
sexual y reproductiva"», dijo el congresista Jeff Duncan tras una sesión
informativa para el
caucus de soberanía de
la Cámara de Representantes.
«Tal ambigüedad podría dar origen a litigios frívolos y a promover el aborto
como un "derecho humano"».
La Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) fue aprobada en
julio por el subcomité de Asuntos Exteriores del Senado. Una enmienda del
senador Marco Rubio que clarificaba que el tratado no podía ser utilizado para
promover el aborto fue rechazada mediante el voto en contra de todos los
senadores demócratas.
La dra. Susan Yoshihara explicó a la asamblea partidaria cómo la «salud
sexual y reproductiva» fue introducida en el acuerdo a pesar de la falta de
consenso.
La Directora
del
International
Organizations Research Group de
C-FAM participó en las negociaciones de
la ONU en torno a
la CDPD.
«Para introducir este término en el tratado sobre discapacidad, sus
defensores debieron franquear la objeción de veintitrés naciones recurriendo a
tácticas tales como reuniones secretas y lugares de encuentro donde no se
admitía a todas las delegaciones», dijo.
Algunos senadores estadounidenses respaldan el tratado con la
convicción de que existen protecciones provida, ya que el término «salud reproductiva»
se menciona como categoría de no discriminación y no como derecho. La dra.
Yoshihara previno sobre esta falsa sensación de seguridad.
Los defensores del tratado dicen que las «reservas» acordadas por el Senado
estadounidense servirán de protección ante cualquier inconveniente. Los
expertos, sin embargo, las tildaron de insuficientes. La dra. Yoshihara recordó
una decisión de
la Corte
Suprema estadounidense (Roper) en la que esta «citó una
sección del PIDCP que Estados Unidos había rechazado específicamente en una
reserva».
Michael Farris, presidente de la
Home
School Legal Defense Association, advirtió que el PIDCP amenaza los
derechos de los padres de los niños con necesidades especiales. «Se está
otorgando a los agentes gubernamentales, y no a los padres, la autoridad para
decidir todas las cuestiones educativas y de tratamiento para los niños
discapacitados».
«La firma del tratado es un gesto vacío» dijo Steven Groves, de la
Heritage Foundation. «La
actual legislación estadounidense cubre o excede las disposiciones de
la Convención, y la mera
pertenencia a
la Convención
no convencerá a la comunidad internacional de que Estados Unidos protege los
derechos de los ciudadanos discapacitados», añadió.
La Santa Sede
manifestó su inquietud sobre
la
CDPD cuando
la
ONU la aprobó en 2006. Al explicar por qué no podía respaldarla,
la delegación señaló: «Es sin duda trágico que... la misma Convención creada
para proteger a las personas con discapacidad de toda discriminación en el
ejercicio de sus derechos pueda ser usada para negar el propio derecho básico a
la vida de las personas discapacitadas por nacer».
Estados Unidos no necesita ratificar el tratado para conseguir autoridad
moral, observó el representante Duncan y el copresidente del
caucus de soberanía, el representante Doug
Lamborn. «Estados Unidos ya es uno de los líderes mundiales en la promoción de
la causa de quienes padecen discapacidades», dijo este último.
El tratado necesita dos tercios del Senado para ser aprobado. No se sabe con
certeza cuándo se lo votará, no obstante se está constituyendo la oposición.
Una carta redactada por los representantes estadounidenses Buerkle y Jordan, en
la que instan a los dirigentes del Senado a que rechacen
la CDPD, cuenta ahora con 49
signatarios.
